Reinstalaci贸n despido por Art. 247 LCT Amatra BA

Amatraba

Asociaci贸n de Magistrados y funcionarios de la Justicia
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

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Jurisprudencia

Reinstalaci贸n despido por Art. 247 LCT

En la Ciudad de San Miguel, en la fecha y hora indicada en la constancia de la firma digital, se reunieron los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nro. 1 de esta Ciudad, en la Sala de Acuerdos, Dres. Gonzalo Barciela, Miguel 脕ngel M茅ndez y Adri谩n An铆bal Ram铆rez, a fin de pronunciar sentencia interlocutoria en la causa N潞 22975, caratulada: 聯MATEOS, DAIANA AYELEN C/ DREAMBOX S.R.L. S/ REINSTALACI脫N (SUMAR脥SIMO). Practicado el sorteo de ley, result贸 del mismo que la votaci贸n deb铆a tener lugar en el siguiente orden: Dres. Adri谩n An铆bal Ram铆rez 聳 Gonzalo Barciela 聳 Miguel 脕ngel M茅ndez. Estudiados los autos se resolvi贸 plantear y votar la siguiente: CUESTI脫N 驴Corresponde hacer lugar a la medida de reinstalaci贸n solicitada por la parte actora como anticipo de jurisdicci贸n? VOTACI脫N A LA CUESTI脫N PLANTEADA EL JUEZ RAM脥REZ DIJO: I. ANTECEDENTES Se presenta la Sra. DAIANA AYELEN MATEOS, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la Dra. MARIELA ESTER CAPONI, quien inicia demanda dirigida a obtener la reinstalaci贸n en su puesto de trabajo y el pago de salarios ca铆dos contra su empleadora DREAMBOX SRL. Se帽ala que ingres贸 a trabajar en fecha 01/11/2018 cumpliendo tareas de encargada del local, ventas, atenci贸n al p煤blico, cobro de caja y armado de vidrieras, en los establecimientos de venta de indumentaria sitos en calle Chacabuco N掳 396 de San Isidro (Pcia. de Bs. As.) hasta el d铆a 18/09/2019; para luego ser trasladada al ubicado en Av. Arturo Illia N掳 3770, Local 37, del Shopping Terrazas De Mayo, sito en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas (Pcia. de Bs. As.), hasta la actualidad. Indica que su categor铆a laboral era la de vendedora, cumpliendo una jornada en principio, en el primer local, de lunes a s谩bados de 10.00 a 20.00 hs y luego al ser trasladada al otro, de lunes a s谩bados de 14.00 a 22.00 horas, percibiendo una remuneraci贸n de $ 45.000.-. Precisa que desde el d铆a 20/03/2020, dej贸 de concurrir normalmente a su lugar de trabajo, por encontrarse cerrado el Shopping, siendo que la actividad de la demandada no se encontraba dentro de las excepciones establecidas por el PEN. Ante tal circunstancia, por 贸rdenes de los socios de la demandada comenz贸 a cumplir tareas en forma remota desde su domicilio, en tareas de 聯ventas on line聰, desde el d铆a 07/05/2020, durante el horario de 10 a 20 horas, utilizando para ello el tel茅fono celular del local que se le hab铆a otorgado, adem谩s de subir 聯posteos a las redes sociales聰 y enviando a los contactos, un texto con informaci贸n de la venta online. Manifiesta que el d铆a 29/05/2020 es citada al establecimiento laboral, solicit谩ndosele que llevara el celular que se le hab铆a entregado, para luego pedirle que esperara nueva informaci贸n con respecto a su situaci贸n laboral. Ante la incertidumbre que le produjo tal situaci贸n, en fecha 02/06/2020 remiti贸 a su empleadora el telegrama laboral, cuyo texto expresaba: ANTE SU CALIDAD DE SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE DE DREAMBOX SRL, ANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO, ENCONTR脕NDOME REALIZANDO TAREAS EN FORMA REMOTA DESDE MI DOMICILIO, CUMPLIENDO CON LA VENTA ONLINE Y DEM脕S SERVICIOS POR UD ENCARGADOS, Y HABI脡NDOME UDES SIN MEDIAR EXPLICACI脫N
SOLICITADO DEVOLUCI脫N DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO, ANTE INJUSTIFICADAS NEGATIVAS DE TAREAS INTIMO PLAZO 48 HS. ACLARE SITUACI脫N LABORAL. MISMO PLAZO ABONE SALARIO ADEUDADO MES MAYO 2020, PREMIOS Y ADICIONALES PREVISTOS POR CCT, Y HORAS EXTRAS TRABAJADAS Y NO ABONADAS NI SIQUIERA EN FORMA SIMPLE, D脥AS FERIADOS Y FRANCOS TRABAJADOS Y, VACACIONES 2019 NO GOZADAS, NI ABONADAS HASTA LA FECHA. ASIMISMO EN EL PLAZO DE 30 D脥AS PREVISTO POR LA LEY 24013 PROCEDA A REGISTRAR CORRECTAMENTE VINCULO LABORAL A CUYO EFECTO DENUNCIO FECHA DE INGRESO 01/11/2018 CUMPLIENDO TAREAS EN EL LOCAL SITO EN CHACABUCO 396 DE SAN ISIDRO, HASTA EL 18/09/2019 DONDE SE ME ORDENO CUMPLIR TAREAS EN EL LOCAL SITO EN ARTURO ILLIA 3770, LOCAL 37, LOS POLVORINES, MALVINAS ARGENTINAS HASTA LA ACTUALIDAD, HORARIO LABORAL LUNES A S脕BADOS DE 14.00 A 22.00 HRS, REALIZANDO HORAS EXTRAORDINARIAS, TAREAS REALIZADAS ENCARGADA DE LOCAL, VENTAS, ATENCI脫N AL P脷BLICO, COBRO DE CAJA Y ARMADO DE VIDRIERA Y REMUNERACI脫N REALMENTE PERCIBIDA $ 45.000 MENSUALES, PARTE DE ELLO SIN REGISTRACI脫N, DEBIENDO PERCIBIR BASICO POR CCT Y CATEGOR脥A ADICIONALES DE CCT, ANTIG脺EDAD Y HORAS EXTRAORDINARIAS. BAJO APERCIBIMIENTO DE CONSIDERARME GRAVEMENTE INJURIADA. POR LO EXPUESTO INTIMO PLAZO DE LEY ABONE DIFERENCIAS SALARIALES, VACACIONES Y SALARIO ADEUDADO. DEJO CONSTANCIA QUE ESTA INTIMACI脫N EST脕 SIENDO COMUNICADA A LA AFIP. RESERVO DERECHOS LEY 24013, 25323, 25345. QUEDA UDES. FEHACIENTEMENTE INTIMADOS. Asimismo, el mismo d铆a remiti贸 telegramas laborales en tales t茅rminos, a los socios de la demandada DAVID ALEJANDRO FABI脕N CUETO y FLORENCIA LUDMILA ORLANDO. Refiere que en fecha 05/06/2020 recibi贸 de parte de la demandada una Carta Documento mediante la cual se le notificaba la decisi贸n unilateral de despedirla en los t茅rminos del art. 247 LCT por razones de fuerza mayor, cuyo texto expresaba: Olivos, 4 de junio de 2020.- Le comunicamos que razones de fuerza mayor nos obligan a cerrar el local comercial nro. 37 ubicado en el Shopping Terrazas de Mayo donde Ud prestaba tareas de vendedora en jornada laboral de 8 hs. Le notificamos que queda despedida a partir del d铆a de in fecha (art 247 LCT). El cierre del local se produce como efecto de la pandemia que motivara distintas medidas de ASPO (cuarentena) desde el 20 de Marzo de 2020 para todos los habitantes del pa铆s con excepci贸n de las actividades consideradas esenciales, dentro de las que no esta incluida la actividad desempe帽ada en el Shopping, el cual permaneci贸 cerrado durante ese lapso y transcurrir谩 un tiempo prolongado hasta que se permita su 铆ntegro funcionamiento con la habitual concurrencia de p煤blico. Solo se esboz贸 para un futuro la eventual posibilidad del take away, modalidad con la que Ud manifest贸 no estar de acuerdo ni dispuesta a prestar tareas en esas condiciones. Estos hechos que nos afectan no se han podido prever, y/ o evitar, no nos son imputables y se encuentran fehacientemente justificadas las razones que nos impiden continuar explotando el local por causas que nos son ajenas y nos impiden cumplir con la obligaci贸n de dar trabajo conforme art. 1730 del CCyC. A esto se suma que nuestro contrato con el Shopping Terrazas de Mayo, de modalidad "pop up" (contrato con posibilidad de rescisi贸n unilateral anticipada), venci贸 el d铆a 31 de marzo de 2020 siendo imposible renovarlo en estas circunstancias. Con esfuerzo personal, y sin ninguna facturaci贸n, hemos podido abonarle a todos sus haberes correspondientes a los meses en los que el rubro tenia prohibido abrir sus puertas, a煤n contrayendo deudas, pero ya no contamos con los fondos para hacerlo. Todas circunstancias que eventualmente fundaran nuestra presentaci贸n en concurso una vez reactivada
la actividad judicial. Aprovecho esta oportunidad para manifestar que el Decreto 34/2019 fue dictado con anterioridad al ASPO el que resulta ser un hecho sobreviviente, 煤nico e impredecible que configura tambi茅n la fuerza mayor invocada. Hago reserva de planteo de inconstitucionalidad del mismo as铆 como de los Decretos 329/2020 y concordantes. Liquidaci贸n final, certificados de aportes y servicios a su disposici贸n a partir del d铆a 5 de junio de 2020 en Mariano Pelliza 1302, Olivos, donde constituirnos domicilio atento el cierre del local antes referido. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA. Entiende, que sin perjuicio de que la demandada no acredit贸 los requisitos para que sea aplicable el art. 247 de la LCT, considera que el mismo es nulo, de nulidad absoluta y no tiene efecto alguno en funci贸n de decreto 329/20 y su prorroga. A causa de ello es que remite el d铆a 08/06/2020 el telegrama laboral cuyo texto expresaba: ANTE SILENCIO GUARDADO, EN SU CALIDAD DE SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE DE DREAMBOX SRL, RECHAZO SU CD 068826908, FECHADO 04/06/20 RECIBIDA 05/06/20 POR ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE, FALSA Y MALICIOSA. RECHAZO REALIZARA SOLAMENTE TAREAS DE VENDEDOR, MI HORARIO LABORAL ES DE LUNES A S脕BADOS DE 14.00 A 22.00 HRS, REALIZANDO HORAS EXTRAORDINARIAS, TAREAS REALIZADAS ENCARGADA DE LOCAL, VENTAS, ATENCION AL PUBLICO, COBRO DE CAJA Y ARMADO DE VIDRIERA. RATIFICO EN TODAS SUS PARTES MIS ANTERIORES TCL CD075208769, CD 075208755, CD075208741, CD075208772 DE FECHA 02/06/20, LOS CUALES FUERAN ENVIADOS AL MISMO DOMICILIO QUE UD EXPONE EN SU REMITENTE (ESMERALDA 923, PISO 10,DTO E), POR LO QUE SORPRENDE SOBREMANERA SU CD ACUSANDO DESPIDO, EL CUAL RECHAZO CONFORME ART 247 LCT, YA QUE RESULTA NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN DNU 329/20 EL CUAL PROH脥BE LOS DESPIDOS SIN JUSTA CAUSA Y POR LAS CAUSALES DE FALTA O DISMINUCI脫N DE TRABAJO Y FUERZA MAYOR . ASIMISMO RESULTA NULO POR NO CONSTAR QUE SE HAYA CUMPLIDO POR VUESTRA EMPRESA EL PROCEDIMIENTO PREVENTIVO EN CRISIS, NI CUMPLA CON LOS RECAUDOS EXIGIDOS POR LEY A FIN DE CONFIGURAR SU VALIDEZ. POR LO QUE SU ACCIONAR DEVIENE INJUSTIFICADO Y CARENTE DE SUSTENTO LEGAL, POR LO QUE LO INTIMO PLAZO 48 HORAS Y DEJE SIN EFECTO SUPUESTO DESPIDO. TODO BAJO APERCIBIMIENTO DE CONSIDERARME GRAVEMENTE INJURIADA. ASIMISMO RECHAZO QUE SE ME MANIFESTARA PARA UN FUTURO LA MODALIDAD TAKE AWAY, Y QUE ME ENCONTRARA EN DESACUERDO, YA QUE COMO MANIFEST脡 EN MI TELEGRAMA EL CUAL UD NI SIQUIERA HACE ALUSI脫N, ANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO, ME ENCONTRABA REALIZANDO TAREAS EN FORMA REMOTA DESDE MI DOMICILIO, CUMPLIENDO CON LA VENTA ONLINE (LO QUE UD LLAMA TAKE AWAY) Y DEM脕S SERVICIOS POR UD ENCARGADOS, HABI脡NDOME UDES SIN MEDIAR EXPLICACI脫N SOLICITADO DEVOLUCI脫N DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO SOLICITE JUSTIFIQUE NEGATIVA DE TAREAS, PARA AHORA RECIBIR SU INJURIANTE MISIVA. RECHAZO POR DESCONOCER LA FORMALIDAD DE SU CONTRATO, DESCONOZCO SE ENCONTRAR脕 VENCIDO COMO AS脥 TAMPOCO ES MOTIVO PARA SU ACCIONAR. SU DECISI脫N ES SOLO EN SU BENEFICIO, RECHAZO LA FUERZA MAYOR QUE INVOCA, LA CUAL EXCEDE MI RESPONSABILIDAD. SIEMPRE ME MANTUVE A DISPOSICI脫N Y CUMPLIENDO TAREAS EN LA MODALIDAD INDICADA POR UD., POR LO QUE INTIMOLE NUEVAMENTE ACLARE SITUACI脫N LABORAL. DEJE SIN EFECTO SUPUESTO DESPIDO Y PROCEDA A REINCORPORARME A MI PUESTO DE TRABAJO EN FORMA URGENTE, Y PROCEDA A ABONAR SALARIOS CAIDOS. ASIMISMO INTIMOLE ULTIMA VEZ ABONE SALARIO ADEUDADO MES MAYO 2020, PREMIOS Y ADICIONALES
PREVISTOS POR CCT, Y HORAS EXTRAS TRABAJADAS Y NO ABONADAS NI SIQUIERA EN FORMA SIMPLE, D脥AS FERIADOS Y FRANCOS TRABAJADOS Y, VACACIONES 2019 NO GOZADAS, NI ABONADAS HASTA LA FECHA. ASIMISMO, EN EL PLAZO PREVISTO POR LA LEY 25.345 JUSTIFIQUE DEP脫SITOS DE APORTES Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS. CASO CONTRARIO ACCIONARE CON LAS MULTAS PREVISTAS POR EL ART. 80 Y 132 BIS. FINALMENTE, LO EXHORTO A ABSTENERSE DE REALIZAR IMPROCEDENTES MANIFESTACIONES. TODAS ESTAS INTIMACIONES SON HECHAS BAJO APERCIBIMIENTO DE CONSIDERARME INJURIADA DE SU EXCLUSIVA CULPA. RESERVO DERECHOS LEY 24013, 25323, 25345. DNU 329/20 QUEDA UDES. FEHACIENTEMENTE INTIMADOS. Expone que el d铆a 10/06/2020 la accionada remite la carta documento cuyo texto transcribe: Rechazo su telegrama laboral nro TCL ley 23 789 CD 075208755 por menda, ilegitimo y malicioso. Sus reclamos gen茅ricos no permiten evaluar sus concretas pretensiones, vulnerando as铆 nuestro derecho de defensa. Rechazo por improcedente su intimaci贸n a registrar correctamente el vinculo laboral, dado q el mismo se encuentra debidamente registrado desde su efectivo ingreso en fecha 1/11/2018 donde comenz贸 a prestar tareas en el local sito en Chacabuco 396 San Isidro (a tres cuadras de su domicilio de ese momento) con un horario de 4 horas diarias (lunes a s谩bados) Pasa luego. - a su pedido por haberse mudado al partido de Malvinas Argentinas - a prestar tareas en el local 37 del Shopping Terrazas de Mayo ni bien se inaugur贸 el mismo en el mes de Octubre de 2019 y su jornada es de 6 horas diarias tambi茅n de lunes a s谩bados hasta Marzo de 2020 en que comienza a cumplir 8 horas de lunes a s谩bados. Jam谩s presto tareas en d铆a domingo, a pesar de ser un Shopping, porque solicito no hacerlo. Tampoco realiz贸 horas extras ni cubri贸 francos. Su falaz intimaci贸n tiene por objeto abultar injustamente una indemnizaci贸n.- Niego que su remuneraci贸n efectivamente percibida fuera de $ 45.000, su remuneraci贸n consta en todos y cada uno de los recibos que se extendieron mensualmente, no siendo nunca por Ud cuestionados justamente por ser fieles a la realidad. Durante el ASPO se le abon贸 su salario completo. No es cierto y niego que cumpliera horario alguno de trabajo o tarea especifica desde su hogar atento que la actividad de venta indumentaria no estaba permitida. A partir del 6 de Mayo de 2020, realizo alguna publicaci贸n en Instagram. No tenia ning煤n elemento de trabajo, porque este no requiere elemento alguno, por lo que mal pudimos haberle solicitado su devoluci贸n.- Razones de fuerza mayor, imprevisibles, no imputables a nuestra parte y de publico conocimiento que le fueron comunicadas personalmente obligan a cerrar el local en el que prestaba tareas, con lo cual no podemos cumplir con darle trabajo. Se pone a su disposici贸n la liquidaci贸n y Ud solicita la notificaci贸n fehaciente de la desvinculaci贸n a partir del dio 5 de junio.- As铆 fue que remitimos la CD 068826908 que en este acto se reitera y ratifica en todos sus t茅rminos. El monto correspondiente a vacaciones 2019 y salario de Mayo 2020 est谩n en la liquidaci贸n que en la referida misiva ponemos fehacientemente a su disposici贸n desde el mismo 5 de Junio, resultando esto de su conocimiento a pesar de lo que ahora manifiesta. Con esto y la expresa ratificaci贸n de la anterior CD 068826908 y reserva de plantes, de inconstitucionalidad Decretos 34/2019, 329/2020 y concordantes, doy por concluido el intercambio telegr谩fico. Reconoce que con fecha 11/06/2020, la demandada procede a depositar parte del sueldo de mayo, y que remite una nueva Carta Documento en fecha 10/06/20 -recibida 12/06/20- en la cual reitera los t茅rminos de la anterior. Sostiene que la demandada no le transfiri贸 el importe correspondiente a las vacaciones 2019 no gozadas ni abonadas, ni deposit贸 en la cuenta sueldo el aguinaldo.
Como corolario de lo rese帽ado, la accionante solicita a este Tribunal que, cautelarmente se disponga inaudita parte la inmediata reinstalaci贸n a mi puesto de trabajo y el pago de los salarios ca铆dos. II. EXAMEN DE PROCEDENCIA DEL ANTICIPO DE JURISDICCI脫N SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA. MEDIDA INNOVATIVA Y MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. SU DISTINCI脫N EN CUANTO A SUS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y SU TR脕MITE. La intervenci贸n de este Tribunal bajo la cuesti贸n sometida al Acuerdo arriba solicitada en forma indistinta como 聯medida cautelar innovativa en los t茅rminos del art. 230 CPCC聰 y como 聯medida autosatisfactiva聰. Por ello, corresponde abocarse en primer t茅rmino al tratamiento diferenciado de ambos institutos. La distinci贸n propuesta entre medidas autosatisfactivas e innovativas no resulta ser meramente te贸rica sino que tiene efectos pr谩cticos directos como la intensidad de la prueba exigida. En toda medida cautelar lo que se requiere es una verosimilitud del derecho adecuada a la intensidad del anticipo de jurisdicci贸n que se peticiona. En la medida autosatisfactiva, por el contrario, lo que debe producir la actividad probatoria de car谩cter sumario es la certeza del juzgador, que no se identifica con la verdad jur铆dica que solo puede adquirirse con la bilateralizaci贸n del proceso monitorio. El invocar el sintagma 聯medida cautelar aut贸noma聰 es, de por s铆, un ox铆moron t茅cnico que solo la posible eufon铆a de la expresi贸n puede ocultar. Ello es as铆 pues toda medida cautelar constituye un proceso incidental vinculado a otro principal, respecto del cual la medida cautelar tiene por funci贸n asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia que hiciera lugar a la pretensi贸n esgrimida en el proceso principal. La medida cautelar tiene como objeto asegurar la pretensi贸n del solicitante, es decir, que no cabe confusi贸n alguna entre pretensi贸n y objeto, siendo este 煤ltimo propio de la medida cautelar (FALC脫N, Enrique, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, Santa Fe, Rubinzal - Culzoni editores, 2013, p谩g. 92.). Ello es as铆, desde que la medida autosatisfactiva constituye una pretensi贸n principal y aut贸noma, de all铆 que objeto y pretensi贸n coincidan, mientras que la medida innovativa es incidental y su objeto se dirige a asegurar la pretensi贸n del peticionante, por ello posee car谩cter provisorio y transitorio hasta que recaiga sentencia definitiva o cesen las circunstancias que motivaran su eventual concesi贸n. Por el contrario, la medida autosatisfactiva no caduca, ni se extingue, debido a la anticipaci贸n tutelar (FALC脫N, op. cit., p谩g. 887). Es que no existe cautela alguna sin resultado de sentencia que se deba asegurar. Por ello todo proceso cautelar es siempre incidental. Esto no importa negar la admisi贸n de medidas urgentes que no admitan demora y que, a su vez, requieran una decisi贸n judicial de m茅rito. En particular debe prestarse atenci贸n a las medidas autosatisfactivas. Pero entre la medida cautelar y la medida autosatisfactiva existen diferencias que impiden asimilar ambas figuras, como se encarga de se帽alar quien dise帽贸 conceptualmente este remedio excepcional: Se trata de un requerimiento 聭urgente聮 formulado al 贸rgano judicial por los justiciables 聳de ah铆 lo de autosatisfactiva 聳 con su despacho favorable: no siendo, entonces, necesaria la iniciaci贸n de una ulterior acci贸n principal para evitar su caducidad o decaimiento, no constituyendo una medida cautelar, por m谩s que en la praxis se la
haya calificado, err贸neamente, de cautelar aut贸noma ( PEYRANO, Jorge W., 聯La medida autosatisfactiva: Forma diferenciada de tutela que constituye una expresi贸n privilegiada del proceso urgente. G茅nesis y evoluci贸n聰, en Jorge W. Peyrano (Director), Medidas Autosatisfactivas, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, p谩gina 13). El problema no es s贸lo de nominaci贸n. Cuando se pretende hacer valer una 聯cautelar aut贸noma聰 se intenta acceder al objeto de la pretensi贸n mediante la mera verosimilitud del derecho sin proceso posterior de conocimiento. En cambio, el despacho de la medida autosatisfactiva est谩 precedido por la existencia de una probabilidad cierta (esto es, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas) de que efectivamente lo requerido es jur铆dicamente atendible. Por otra parte, si bien ella no requiere la iniciaci贸n de otro proceso, es exigible 聳a diferencia de la medida cautelar聳, la inmediata sustanciaci贸n de la causa abriendo a la bilateralidad del juicio con la intervenci贸n del sujeto pasivo de la medida autosatisfactiva. De hecho, 茅ste es el tr谩mite delineado en los art铆culos 228 a 232 para la sustanciaci贸n de las 聯medidas aut贸nomas de tutela inmediata聰 por el Anteproyecto de reforma del C贸digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Por la v铆a oblicua de la denominada cautelar aut贸noma (o mediante la asimilaci贸n indebida del r茅gimen de las medidas autosatisfactivas al de las cautelares) se pretende obtener, sin la existencia propia de un juicio, los resultados de la pretensi贸n. De este modo, la denominada 聯medida cautelar aut贸noma聰 importa una v铆a de hecho dictada con la aquiescencia del Poder Judicial sin revisi贸n posterior. Muy por el contrario, lo que resulta diferente es el an谩lisis de la medida cautelar anticipada que, como tal, no es aut贸noma pues est谩 vinculada a un objeto de la pretensi贸n que es denunciado con la interposici贸n de la medida y respecto de la cual es un proceso incidental, aun as铆 el proceso posterior no se inicie por efecto de transacci贸n o conciliaci贸n. Por otra parte, cuando la medida se presenta como aut贸noma, el juez que ha de dictarla se encuentra impedido de analizar la relaci贸n entre el objeto de la pretensi贸n cautelar y de la pretensi贸n sustantiva. Graciela Gonz谩lez define con acierto a este tipo de pretensiones como un proceso: de ejecuci贸n pura que, por el modo en que fue propuesto, importa la pretensi贸n de que el juez, sin sustanciar un contradictorio emita una orden (decisi贸n de m茅rito) con car谩cter definitivo y no meramente precautorio (CNAT, SALA II, SD 17.089/12, 聯Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, entretenimiento, recreaci贸n y afines de la Rep煤blica Argentina c/ BINGO CIUDADELA S.A. s juicio sumar铆simo, 3 de julio de 2012). Como indica Jorge Mario Gald贸s: Desde el punto de vista tradicional el ahora calificado proceso urgente se abastec铆a con las medidas cautelares, provisorias, interinales, provisionales o precautorias que se decretaban en el marco de un juicio principal y a las que se acced铆a antes o despu茅s de la demanda o conjuntamente con ella. Su finalidad era el aseguramiento del resultado de otro proceso, al que se subordinaba, procesal o materialmente. Actualmente se afirma, ya sin dubitaciones, que la tutela de urgencia no se agota con las medidas precautorias porque tambi茅n lo urgente est谩 presente 聳aut贸nomamente 聳 en ciertas pretensiones que recaen derechamente sobre aspectos sustanciales. La procedencia de las medidas autosatisfactivas est谩 supeditada a la concurrencia simult谩nea de circunstancias infrecuentes (o sea no cotidianas) derivadas de la
urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios; de la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de certidumbre acreditada al inicio del requerimiento o, en su caso, de sumaria comprobaci贸n; la superposici贸n o coincidencia entre el objeto de la pretensi贸n cautelar o preventiva 聳en la terminolog铆a cl谩sica 聳 con la pretensi贸n material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquella torne generalmente abstracta la cuesti贸n a resolver porque se consumi贸 el inter茅s jur铆dico (procesal o sustancial) del peticionante ( GALD脫S, Jorge Mario, 聯El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas聰 en Jorge W. Peyrano (Director), Medidas Autosatisfactivas, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1999, p谩gina 61). Finalmente, es menester se帽alar que la medida autosatisfactiva tiene caracter铆sticas incompatibles con las cautelares, as铆 como caracter铆sticas comunes que se pueden resumir del siguiente modo. 1. Ambas requieren la existencia de urgencia. 2. La cautelar es siempre un proceso incidental, la medida autosatisfactiva es una pretensi贸n principal. 3. La admisi贸n de la medida cautelar requiere la verosimilitud del derecho, cuya intensidad ha de valorarse teniendo en cuenta la entidad del peligro en la demora. La autosatisfactiva requiere un alto grado de probabilidad. 4. La medida cautelar debe realizarse en el marco de un proceso cautelar ya iniciado, concomitante con la presentaci贸n de la demanda o iniciarse esta en un plazo determinado bajo pena de caducidad. La medida autosatisfactiva es tambi茅n una acci贸n sustantiva por lo que el objeto de la pretensi贸n principal debe estar determinado junto con la medida propuesta. 5. La cautelar deja de tener efecto por cambio en las condiciones de hecho tenidas en vista para su concesi贸n (dado su car谩cter transitorio), el dictado de la sentencia principal (si da raz贸n al peticionante queda subsumida en la resoluci贸n de condena) o cuando el cautelado demuestra la inexistencia de la verosimilitud del derecho alegada. La medida autosatisfactiva se caracteriza por ser dictada inaudita parte, pero una vez realizada debe ser abierta al contradictorio so pena de reducir a la nada el derecho de defensa en juicio. 6. Por ser el pronunciamiento dictado en la medida autosatisfactiva un pronunciamiento definitivo y no transitorio, lo resuelto en ella habilita formalmente los Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley, Nulidad o Inconstitucionalidad. Ahora bien, la medida innovativa configura un anticipo de jurisdicci贸n que, de resultar procedente, ser铆a favorable respecto del fallo final de la causa. En dicha inteligencia, destacada doctrina se ha pronunciado por considerar que su eventual procedencia es de car谩cter excepcional y, por lo tanto, su ponderaci贸n debe efectuarse en forma restrictiva (v茅anse FALC脫N, op. cit., p谩g. 421; PALACIO, Lino E, "La venerable antig眉edad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual聰, en Revista de Derecho Procesal, 1998-1: "Medidas cautelares", Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, 1998, p谩g. 105). En igual sentido se ha expedido la Corte Federal en autos: "Grinbank, Daniel E. c/Direcci贸n General Impositiva", sentencia del 23-XI-1995; "P茅rez Cuesta S.A.C.I c/Estado Nacional", sentencia del 25-VI-1996 y "Provincia de Salta c/Estado Nacional聰, sentencia del 19-IX-2002 (J.A 2003-I-575). Tal recaudo se configura en vistas a que la medida innovativa persigue la alteraci贸n del estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, tal como hemos
indicado precedentemente. Su procedencia requiere la existencia de una necesidad en el proceso de recomponer el estado de cosas o crear una situaci贸n de hecho o de derecho diferente y a la que no puede arribarse bajo la concepci贸n cautelar ortodoxa, ni otorg谩ndole efectos retroactivos a la prohibici贸n de innovar. Como distintivo de la medida innovativa se ha sostenido que para su procedencia se requiere, adem谩s de los requisitos comunes a las medidas cautelares, otro que le es propio, la posibilidad de consumarse un perjuicio irreparable. Peyrano pone de resalto que el concepto de perjuicio irreparable ha ido evolucionando merced al desarrollo jurisprudencial de la figura y advierte que el anticipo se requiere en supuestos de situaciones colaterales a la relaci贸n litigiosa en s铆 que desmejoran notablemente la posici贸n del actor si es que no se le satisface ya mismo, en todo o en parte, su pretensi贸n de fondo. Ante tal situaci贸n es requerible el periculum in damni. As铆, comprobar si existe periculum in damni equivale a sostener que existe peligro de infructuosidad en el proceso de que se trate. Para verificar si existe periculum in mora fundamentalmente hay que escudri帽ar al demandado, para comprobar si concurre periculum in damni hay que bucear en la situaci贸n del acreedor. Situaci贸n que estar铆a configurada por la existencia de la probabilidad de que se produzca al solicitante de la medida, una vez m谩s, un perjuicio o da帽o grave, inminente e irreparable o de muy dif铆cil o remota reparaci贸n, si no se concede la misma a 茅ste. De manera tal que este periculum in damni se producir谩 si no se hace lugar en forma total o parcial a alguna de las pretensiones formuladas por el peticionante (V茅ase Jorge W. PEYRANO (Director) y Edgar J. BARACAT (Coordinador), Medida innovativa, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, 2009, p谩gs. 15 y ss). En d铆as pasados a la presente, el maestro santafesino ha publicado un sugerente art铆culo en el Diario La Ley en el cual expone con claridad meridiana la diferencia se帽alada entre ambos requisitos: Mientras el periculum in mora observa la relaci贸n procesal, su connatural insuficiencia para formar prontamente cosa juzgada y as铆 pasar al tr谩mite de ejecuci贸n y la consiguiente necesidad de conjurar la posible insolvencia sobreviniente del demandado, el periculumdamni implica algo distinto, porque involucra una mirada para comprobar si existe alguna situaci贸n colateral a la relaci贸n litigiosa que viene a aquejar al actor, a punto tal que se encuentre justificado otorgar in continenti todo o parte de la pretensi贸n de m茅rito porque en caso contrario el proceso respectivo no ser谩 "efectivo". Comprobar que existe periculumdamni (tambi茅n denominado "urgencia") equivale a sostener que media "peligro de infructuosidad" en el proceso de que se trate (PEYRANO, Jorge W., 聯La batalla por la medida cautelar innovativa II聰, en Diario La Ley, 2 de junio de 2020, p谩gina 9). Finalmente, cabe destacar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n in re: "Camacho Acosta, Maximinio c/Grafi Graf S.R.L y otros", Sentencia del 7-VIII-1997 (Fallos: 320:1633), en la que el M谩ximo Tribunal consider贸 que resultaba justificada una mayor prudencia en la apreciaci贸n de los recaudos que hacen a la admisi贸n de la medida innovativa. Asimismo, advirti贸 que el anticipo de jurisdicci贸n en el examen de las medidas innovativas no importa una decisi贸n definitiva sobre la pretensi贸n concreta del actor. En fecha reciente, la Corte Federal ha ratificado expresamente dicho parecer al se帽alar:
Si la decisi贸n que hizo lugar a la medida cautelar configura un anticipo de jurisdicci贸n favorable acerca del fallo final de la causa, dicha circunstancia justifica una mayor prudencia de los jueces al momento de examinar los recaudos que hacen a la admisi贸n de la misma (Fallos: 341:1717). La referida medida cautelar lleva 铆nsita una evaluaci贸n del peligro de permanencia en la situaci贸n actual a fin de habilitar una resoluci贸n que concilie -seg煤n el grado de verosimilitud- los probados intereses de aqu茅l y el derecho constitucional de defensa del demandado. En la inteligencia expuesta, que no cabe duda alguna que en autos nos encontramos frente a una medida innovativa. Ello es as铆, por cuanto no concurre cautela alguna, l茅ase situaci贸n jur铆dica a conservar, sino que, antes bien, la peticionante pretende modificar la situaci贸n de hecho y derecho en la que se encuentran al arribar al presente proceso. Destacada doctrina sostiene que la raz贸n que informa la norma emergente del art. 232 CPCC responde a que: El legislador no puede prever todas las situaciones de las cuales pueda resultar viable como un anticipo de la garant铆a jurisdiccional el acogimiento de una medida cautelar espec铆fica, es preciso adoptar una previsi贸n general que en flexible asegure tal posibilidad. De ah铆 que se haya establecido que fuera de los casos expresamente regulados o previstos, el 贸rgano jurisdiccional tiene poderes suficientes como para decretar, a petici贸n de los interesados y de acuerdo con las circunstancias, la que aparezca como m谩s id贸nea o apta para asegurar provisoriamente el derecho invocado (MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas; BERIZONCE, Roberto Omar, C贸digos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Naci贸n, Tomo III, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2015, p谩g. 1197). Por lo expuesto, corresponde ingresar en el examen de la eventual configuraci贸n de sus requisitos de procedencia, a saber: verosimilitud del derecho y peligros en la demora y el da帽o. II.a. LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO. Tal como ha se帽alado Michele Taruffo, la verosimilitud no resulta ser el sustituto procesal de la verdad, como supo sostener Calamandrei, ya que est谩 referida a aserciones dotadas, de hecho, de un cierto grado de aceptabilidad, mientras que la verosimilitud prescinde de los grados de certeza que se atribuyen a las aserciones f谩cticas. La verosimilitud hace referencia al hecho en cuanto objeto de alegaci贸n o, m谩s propiamente, a la mera alegaci贸n del hecho, por lo tanto, no tiene nada que ver con la prueba o con su resultado previsto ex ante (v茅ase TARUFFO, Michele, La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, 2011, p谩g. 507). El referido juicio de verosimilitud se diferencia del examen de probabilidad, ya que: La categor铆a de verosimilitud stricto sensu, al quedar acotada a la mera "apariencia", transforma la estimaci贸n del juez en una tarea independiente y preliminar respecto de la actividad probatoria (Giannini, Leandro J., "Verosimilitud, apariencia y probabilidad. (Los est谩ndares atenuados de prueba en el 谩mbito de las medidas cautelares", en Jorge A. Rojas (Director), Romina S. Moreno (Director), Derecho procesal y Teor铆a general del derecho, Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 2015, p谩g.179). La verosimilitud es la creencia de la que alguien se nutre para decidir que las cosas han sucedido de una forma determinada. Es por ello, que la
verosimilitud se define como capacidad representativa. En el 谩mbito cautelar el juez se desenvuelve dentro de la apariencia. En la inteligencia expuesta, cabe enfatizar que la verosimilitud se aparta de la probabilidad, no siendo susceptibles de ser reconducidas a diferentes grados en la escala de verificaci贸n de la hip贸tesis f谩ctica: La verosimilitud del derecho es apariencia; es creer en un relato 煤nico y asegurar que, si llega a tornarse certero, lo suficientemente fundamentado para tenerlo por la explicaci贸n que mejor se adec煤a a los elementos disponibles, la hip贸tesis prevaleciente, el derecho en juego, no se frustrar谩 ( Salgado, Jos茅 Mar铆a, 聯Urgencia, verosimilitud y episteme聰, en Jorge A. Rojas (Director), Romina S. Moreno (Director), Derecho procesal y Teor铆a general del derecho, Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe, 2015, p谩g. 168). Ahora bien, la interinidad del juzgamiento en el terreno 聯cautelar聰 no es equivalente a la superficialidad en su tratamiento (SCBA, causa A. 74.573, 聯P., V. B.聰, sentencia del 8-V-2019). Ello significa que la interpretaci贸n en cuanto a la eventual concurrencia de los presupuestos para otorgar medidas cautelares exigen la exposici贸n de una causa razonable o suficiente a partir de la aplicaci贸n de criterios por el juez. El ejercicio de poderes discrecionales en el examen de procedencia de las referidas medidas implica asumir que: (聟) el derecho es una interacci贸n entre un int茅rprete situado y un conjunto variable de materiales jur铆dicos potencialmente aplicables a los hechos de un caso (GUZM脕N, N茅stor Leandro, Discrecionalidad y justificaci贸n. Entre el juez int茅rprete y el juez creador en el C贸digo Civil y Comercial, Buenos Aires, Astrea, 2019, p谩g. 127). Arribados a este punto, corresponde se帽alar que el derecho invocado por la accionante como fundamento tanto de su pretensi贸n como del objeto de la medida que se dirige a su eventual aseguramiento, se encuentra informado por un vasto conjunto de instrumentos de car谩cter constitucional y legal, a cuyo examen corresponde abocarse. El art铆culo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos instituye que: Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jur铆dica. El inciso a) del apartado 1 del art铆culo 11 de la Convenci贸n sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la Mujer se帽ala: 1. Los Estados partes adoptar谩n todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci贸n contra la mujer en la esfera del empleo con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. El art铆culo 6 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos y Sociales establece que: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomar谩n medidas adecuadas para garantizar este derecho. El art铆culo XIV de la Declaraci贸n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sanciona: Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocaci贸n, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneraci贸n que, en relaci贸n con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para s铆 misma y su familia. Los apartados 1 y 2 del art铆culo 6 del Protocolo Adicional a la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, 聯Protocolo de San Salvador聰, estatuyen que: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a trav茅s del desempe帽o de una actividad l铆cita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientaci贸n vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitaci贸n t茅cnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusv谩lidos. Los Estados partes se comprometen tambi茅n a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atenci贸n familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Los art铆culos 2潞 y 4潞 del Decreto 329/2020 establecen: ART脥CULO 2掳.- Proh铆bense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) d铆as contados a partir de la fecha de publicaci贸n del presente decreto en el Bolet铆n Oficial. ART脥CULO 4掳.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violaci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 2掳 y primer p谩rrafo del art铆culo 3潞 del presente decreto, no producir谩n efecto alguno, manteni茅ndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Llegado a este punto, cabe expresar que el citado DNU 329/20 fue publicado en el Bolet铆n Oficial el mismo d铆a de su dictado, el 31 de marzo de 2.020, rigiendo, de acuerdo a lo establecido en su propio texto art铆culo 6to. desde el mismo d铆a de su publicaci贸n. En consecuencia, la prohibici贸n de los despidos se extendi贸 en principio por el per铆odo comprendido entre las 0 horas del d铆a 31 de marzo hasta las 24 horas del d铆a 29 de mayo del corriente a帽o. Posteriormente, mediante DNU N掳 487/2020, el Poder Ejecutivo Nacional prorrog贸 dicha prohibici贸n por sesenta (60) d铆as m谩s, esto es desde las 0 hs. del d铆a 30 de mayo hasta las 24 hs. del d铆a 28 de julio del presente a帽o. Ello, sin perjuicio de eventual pr贸rroga que pudiere disponerse En el sub-lite, la actora alega, y prima facie acredita con la documental acompa帽ada que obra en autos, que fue notificado de la rescisi贸n unilateral del contrato de trabajo, vigente el decreto 487/2020. A todo lo expuesto, se suma que el examen de verosimilitud del derecho invocado se encuentra informado por el car谩cter de sujeto de preferente tutela constitucional que reviste la accionante (Fallos: 327:3677; 327:3753; 332:2043; 333:1361; 336:672). No cabe duda alguna que la protecci贸n constitucional y legal del trabajo en sus diversas formas la cual se dirige a asegurar, entre otros beneficios, condiciones dignas y equitativas de labor, comprende la garant铆a de no sometimiento a interferencias arbitrarias e indemnidad ps铆cof铆sica de la persona de los trabajadores, en tanto centros de imputaci贸n normativa, cuya inserci贸n en la esfera de la producci贸n e intercambio da cuenta de su sujeci贸n a un poder heter贸nomo ejercido por el empleador, que resultan exigibles en tanto derechos humanos. Tal como afirma la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n: La relaci贸n de trabajo muestra una especificidad que la distingue de muchos otros v铆nculos jur铆dicos, puesto que la prestaci贸n de una de las partes, el trabajador, est谩
constituida por la actividad humana, inseparable e indivisible de la persona del hombre y, por tanto, de su dignidad (Fallos: 332:2043, Considerando 4掳). En vistas a ello, su interpretaci贸n se nutre del principio pro homine, el cual determina que aqu茅llos sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende, toda ex茅gesis restrictiva (Fallos: 330:1989). Resulta clara la indivisibilidad, interrelaci贸n y mutua interdependencia entre los derechos humanos de orden civil y pol铆tico, com煤nmente denominados de 聯primera generaci贸n聰, respecto de los derechos econ贸micos, sociales y culturales, a los cuales se apela en su car谩cter de derechos de 聯segunda generaci贸n聰. Dicha directriz ha sido enf谩ticamente ratificada por la Corte Federal: Los principios elaborados a partir de lo dispuesto en el art. 14 bis se integran a las disposiciones incorporadas por la reforma de 1994, en el art. 75, incs. 22 y 23, del texto constitucional y, en tal sentido, el Pre谩mbulo del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales considera de manera expl铆cita la interdependencia e indivisibilidad que existe entre la vigencia de los derechos econ贸micos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y pol铆ticos, por cuanto todos 茅stos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, por lo que el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoci贸n permanentes con el objeto de lograr su plena vigencia (Fallos: 327:4607). La mentada indivisibilidad, interrelaci贸n y mutua interdependencia de los derechos fundamentales en el marco de la relaci贸n de trabajo conlleva que el reconocimiento de la personalidad jur铆dica del trabajador exige su acceso a condiciones justas y equitativas de labor (arts. 14 bis y 75 inc. 22 CN; 6 apartado 1 PIDESC; 11 apartado 1 inciso a) de la Convenci贸n sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la Mujer; 16 PIDCP; XIV de la Declaraci贸n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 apartados 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, 聯Protocolo de San Salvador聰). En el c茅lebre precedente 聯Kot聰, la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n sostuvo que si bien en el caso Siri: la restricci贸n ileg铆tima proven铆a de la autoridad y no de los actos particulares, tal distinci贸n no es esencial a los fines de la protecci贸n constitucional. Admitido que existe una garant铆a t谩cita o impl铆cita que protege los diversos aspectos de la libertad individual (art铆culo 33 CN) ninguna reserva cabe establecer de modo que excluya en absoluto y a priori toda restricci贸n que emane de personas privadas (Fallos: 241:291). El r茅gimen constitucional argentino, a diferencia del norteamericano, no establece limitaciones al Congreso, sino que la denominada 聯parte dogm谩tica de la Constituci贸n聰 establece garant铆as y derechos para todo ciudadano que son ejercidas erga omnes. Como apunta bien Genaro Carri贸 nuestro Bill of Rights tuvo como principal objeto: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino frente al Estado y frente a los particulares. De aceptarse la tesis restrictiva, carecer铆an de objeto los art铆culos 28 y 32 de la Constituci贸n Nacional. El establecimiento de un derecho o facultad constitucional significa crear un 谩mbito de libertad ante el cual deben detenerse la libertad ajena y, adem谩s la acci贸n del poder p煤blico. Son derechos o facultades, es decir pretensiones frente al
comportamiento del pr贸jimo, que por motivos de pol铆tica superior han sido colocados por encima de la acci贸n de los poderes p煤blicos (CARRI脫, Genaro R., Recurso de amparo y t茅cnica judicial, Buenos Aires, Abeledo Perrot. 1959, p谩gs. 142-143). La referida libertad, cuyos beneficios pretende asegurar nuestra Constituci贸n informa a la igualdad entendida como destierro de todo v铆nculo desp贸tico, en tanto el imperativo moral de igual libertad constituye la precondici贸n misma de la autonom铆a personal (Nino, Carlos S., 聯Liberalismo conservador: 驴liberal o conservador?, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (Coordinadores), El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2007, p谩gs. 57-80). La afirmaci贸n de la igualdad que se desprende de nuestro pacto de pacificaci贸n sancionado por la Constituci贸n Nacional guarda un v铆nculo estrecho con la consagraci贸n de la libertad, entendida 茅sta como ausencia o inexistencia de opresi贸n o dependencia personal. La libertad a la que refiere el constituyente hist贸rico no se circunscribe al s贸lo 谩mbito de la 聯elecci贸n聰, sino, m谩s a煤n, a la elecci贸n y ejecuci贸n de planes de vida. La libertad de elecci贸n hace a la constituci贸n misma del ente como viviente, la formalizaci贸n de dicha libertad alude a consagrar un 谩mbito de tutela que implica 聯asegurar聰 no la constituci贸n ontol贸gica del ente, sino un conjunto de poderes que se perfeccionan como la posibilidad misma de realizar su potencia perseverando en su ser: Si los beneficios de la libertad consistieran en la mera opci贸n, la marca sem谩ntica 聯asegurar聰, puesta en relaci贸n sintagm谩tica con la marca establecimiento de la Constituci贸n, carecer铆a de sentido. La libertad como opci贸n es un existenciario. Uno siempre puede elegir, incluida la muerte. Desde este punto de vista, dif铆cilmente puede asegurarla Constituci贸n jur铆dica alguna, pues su garant铆a viene de la constituci贸n ontol贸gica del viviente. Aun la ameba elige. O, por lo menos, debe ser excluido el sentido de opci贸n que tipifica la elecci贸n de la ameba. El segundo rasgo sem谩ntico a tener en cuenta es el de los sujetos que son destinatarios de los beneficios de la libertad. Evidentemente los significantes 聯nosotros聰, 聯posteridad聰, 聯todos los hombres聰, 聯quieran聰, 聯habitar聰, est谩n se帽alado al conjunto de vivientes (por ende mortales) sexuados (la ameba no tiene posteridad) que pueden tener un deseo, es decir, una falta constitutiva. Conjunto 茅ste muy distinto a aquel que resultar铆a delimitado por los significantes 聯capitales聰, 聯reproducci贸n聰, 聯tener asiento聰 o 聯filial聰. Significantes, cualesquiera de ellos, que se encuentran en relaci贸n paradigm谩tica con los significantes que constituyen el texto (Arias Gibert, Enrique, 聯La protecci贸n contra el despido arbitrario en el modelo constitucional argentino聰, en Revista de Derecho Laboral. Nro. 2014-I: 聯El Derecho del Trabajo en la Constituci贸n Nacional 聳 I聰, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, p谩gs. 402). En este sentido, la libertad cuyos beneficios se dirige a asegurar la Constituci贸n, no es otra que la libertad en sentido republicano, es decir, aquella que constituye una relaci贸n normativa que coloca al sujeto allende toda interferencia arbitraria, en tanto consagra un status jur铆dico y no una simple modalidad emp铆rica de la acci贸n: (聟) as铆 como la experiencia de una interferencia arbitraria puede comprometer la libertad, lo mismo ocurre en el de que el individuo sea vulnerable a dicha interferencia, que lo mismo da depender de la buena voluntad de potenciales personas con capacidad de interferir ( PETTIT, Philip, Una teor铆a de la libertad, Madrid, Losada, 2006, p谩g. 327. En igual sentido, v茅ase PETTIT, Phillip, Republicanismo. Una teor铆a sobre la libertad y el gobierno, Barcelona, 1999, p谩gs. 77-111).
La libertad republicana (聟) no es una modalidad emp铆rica de la acci贸n o un mero estado mental, sino una relaci贸n normativa expresada en t茅rminos de un status jur铆dico. Para que la falta de interferencia se convierta en libertad como no dominaci贸n es necesario independizarla de los caprichos o voluntad de otra persona, e incluso de las mejores (ROSLER, Andr茅s, Razones p煤blicas. Seis conceptos b谩sicos sobre la rep煤blica, Buenos Aires, Katz editores, 2016, p谩g. 55). La prohibici贸n dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional en los Dec. 329/2020 y 487/2020, respecto de aquellos despidos que carezcan de una expresi贸n de causa debidamente expuesta y justificada, conlleva para el caso de la causal de extinci贸n por falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor prevista por el art. 247 LCT, o para el ejercicio de la facultad de suspensi贸n sancionada por el art. 221 LCT, a que se les haya restado causa de justificaci贸n, lo cual los ha convertido, durante la vigencia del decreto, en actos contrarios a derecho, es decir, antijur铆dicos, tal como sostiene Patricio Garza Bandala: 聯la ilicitud y la antijuridicidad son lo mismo聰 (GARZA BANDALA, Patricio; 聯Sobre la ilicitud y la antijuricidad聰, en 脕ngel Gilberto Adame L贸pez, Homenaje al doctor Jorge Alfredo Dom铆nguez Mart铆nez por el Colegio de profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho 聳 UNAM, M茅xico, 2016, p谩g. 153). Pongo de resalto lo expuesto respecto de la llamada 聯indemnizaci贸n聰 sancionada por el art. 247 LCT para los supuestos de falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayo, desde que, acreditada la causal all铆 prevista, lo que obtiene el trabajador, por raz贸n de estructura y funci贸n, no es un resarcimiento, sino una prestaci贸n de la seguridad social dirigida a responder a la contingencia social disvaliosa acaecida por la extinci贸n del v铆nculo. Existen, de hecho, otras prestaciones con causa en la seguridad social como las de los p谩rrafos segundo y cuarto del art. 212 LCT o la del art铆culo 248 LCT. La prohibici贸n decretada por el Poder Ejecutivo Nacional en los arts. 1 y 2 de los Decretos 329/2020 y 487/202 establecen la antijuricidad de las facultades previstas por los arts. 221 y 247, LCT, es decir, que les resta su causa de justificaci贸n como medida de orden p煤blico de protecci贸n laboral y cuya consecuencia, en cuanto a su inobservancia, es la de restarle toda eficacia ipso jure y la restituci贸n in natura del estado de cosas anterior a la implementaci贸n de las medidas dispuestas por el empleador. En consecuencia, para el caso de que 茅ste no cumpla con las referidas normas estar谩 violando lisa y llanamente la ley, como en los casos de empleo no registrado. As铆 se ha dicho que: La prohibici贸n dispuesta en los arts. 1潞 y 2潞 del dec. 329/2020 a las facultades previstas por los arts. 221 y 247, LCT, determinan su antijuricidad (5) si son ejercidas en el marco de la emergencia sanitaria vigente en nuestros d铆as en el pa铆s. Y, al igual que ocurre con las suspensiones dispuestas por el empleador en este marco de emergencia, dispuesto un despido por parte de la patronal sin justa causa y por las causales de falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor, por imperio de las disposiciones vigentes se deber谩 restablecer al trabajador en su puesto de trabajo, sin posibilidad alguna, por parte del empleador, de hacer uso de la facultad indemnizatoria del art. 245, LCT. El empleador que disponga un despido en este contexto estar谩 cometiendo una conducta contraria a derecho, es decir, una franca violaci贸n a la ley. (Las relaciones de trabajo en 茅pocas de pandemia - An谩lisis de un rompecabezas normativo en un contexto de incertidumbre, Mariano J. Donzinoy Juan Carlos Bertazzi, Diario La Ley, 21/04/2020, Cita on line: AR/DOC/1090/2020).
En el caso particular de los despidos, cabe insistir en que no existe la "libertad para despedir", puesto que tal temperamento llevar铆a a sostener, para no recaer en contradicci贸n, que es posible invocar la libertad para atropellar al peat贸n, con la sola consecuencia de indemnizarlo en virtud de una obligaci贸n de causa resarcitoria. Cabe recordar que s贸lo se exige causa de justificaci贸n de aquello que resulta antijur铆dico ab initio y es esta causa de justificaci贸n la que retira el Poder Ejecutivo en el caso del art. 247 de la LCT (falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor). El despido no es una conducta tolerada y menos fomentada por el orden constitucional argentino, por el contrario, exige la concurrencia de una causa de justificaci贸n debidamente invocada y acreditada que le reste antijuridicidad a dicho obrar. El despido carente de justa causa constituye una interferencia arbitraria en la esfera de tutela que se ordena a partir de la persona del trabajador. En la definici贸n cl谩sica de Justo L贸pez, el despido arbitrario es un acto antijur铆dico e il铆cito, es decir, reprochable a su autor, m谩s v谩lido, ya que se le acuerda, en principio, eficacia extintiva de la relaci贸n emergente del contrato de trabajo, debiendo responder el empleador como sujeto pasivo de una obligaci贸n resarcitoria de contenido pecuniario. El despido que carece de causa de justificaci贸n es un acto contrario a derecho, que afecta la esfera de actuaci贸n del trabajador constitucionalmente protegida, es decir, su proyecto de vida consagrado por el principio nineano de autonom铆a y que se gu铆a por la moral autorreferente, en tanto aqu茅l se ve excluido de su colectivo de referencia y de su fuente de ingresos, desde que en el contrato de trabajo la obligaci贸n dineraria posee una funci贸n retributiva, a la que la ley, adem谩s, le atribuye, como m铆nimo, la finalidad de asegurar alimentaci贸n adecuada, vivienda digna, educaci贸n, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsi贸n (art. 116 LCT). Esta causa econ贸mico-social es uno de los elementos que concurren a la tipificaci贸n del v铆nculo (v茅ase el considerando 8潞) del voto del Ministro Lorenzetti en Fallos: 338:53). El goce de los beneficios de las libertades b谩sicas exige el acceso a un conjunto de bienes que consagran no s贸lo la ciudadan铆a pol铆tica, sino aquella que se denomin贸 como 聯ciudadan铆a industrial聰. Los Decretos 329/2020 y 487/2020 integran el orden p煤blico de protecci贸n laboral, es decir que constituyen un arreglo institucional de orden heter贸nomo en cuyo marco se desenvuelve la libertad contractual, donde el trabajador despedido sin justa causa o bajo la causal prevista en el art. 247 LCT (falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor), no obtiene una compensaci贸n, sino aquello mismo de lo cual fue desprovisto (Fallos: 333:2306). Cabe advertir que la Corte Federal ha establecido expresamente que: es misi贸n del int茅rprete de la ley indagar el verdadero alcance y sentido de 茅sta mediante un examen que atienda menos a la literalidad de los vocablos que a rescatar su sentido jur铆dico profundo, prefiriendo la inteligencia que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos expl铆citamente (Fallos: 331:2839). Entre las razones que justificaron el dictado del Decreto 329/2020 - y su pr贸rroga a trav茅s del Decreto 487/2020- que integran sus considerandos, el Poder Ejecutivo Nacional se帽al贸 Que una situaci贸n de crisis como la que motiv贸 el dictado de las medidas de emergencia ya citadas, autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACI脫N en 聯Aquino聰, Fallos
327:3753, considerando 3, en orden a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCI脫N NACIONAL. Que, con arreglo a dichas pautas, resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aun en la contingencia de no poder prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativos previamente pactados. Que, asimismo, resulta indispensable garantizar la conservaci贸n de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo ser谩 posible si se transita la emergencia con un Di谩logo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales, que no ser谩n m谩s que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar. Por ello, a煤n en el prieto marco del examen de procedencia de una medida innovativa, aqu茅l no puede desatenderse de los fines perseguidos por el citado decreto, entre los cuales destaca el de 聯garantizar la conservaci贸n de los puestos de trabajo por un plazo razonable聰. Desde una interesante mirada, Gustavo A. Ciampa, en su art铆culo de doctrina 聯Despidos y Suspensiones Socialmente Injustos en el marco de la Pandemia聰 publicado en la Revista Argentina de Derecho Social, N掳 3, A帽o 2, sostiene: 聯De la introducci贸n precedente se deriva una necesaria primera conclusi贸n. El DNU 329/2020, al prohibir los despidos sin justa causa y los despidos por fuerza mayor y por falta o disminuci贸n de trabajo no imputable a la empresa, no afect贸 derecho alguno de las empresas. Las empresas no tienen en el marco de esta emergencia derecho a despedir sin justa causa ni a hacerlo por fuerza mayor o falta o disminuci贸n del trabajo no imputable a la empresa, de la misma manera que tampoco lo ten铆an antes de 茅sta. No ha existido, en esta puntual materia, ninguna聯restricci贸n聰 a derecho alguno de las empresas. Lo que ha efectuado el DNU 329/2020 es intensificar el nivel de protecci贸n contra el despido arbitrario que la Constituci贸n Nacional-art. 14 bis- ordena imperativamente asegurar a los trabajadores. La Constituci贸n Nacional ordena al legislador asegurar a los trabajadores protecci贸n contra el despido arbitrario, sin disponer cu谩l es el m茅todo o la forma a trav茅s de la cual se obtiene dicha protecci贸n. Lo que s铆 establece es que esa protecci贸n debe ser id贸nea, debe 聯asegurar聰 el bien jur铆dico tutelado (聯asegurar谩n聰 dice refiri茅ndose a los bienes jur铆dicos de titularidad del trabajador que las 聯leyes聰 que deben proteger). Y el legislador -actuando el PEN con las facultades que le son otorgadas por el art. 99 inc. 3 de la Constituci贸n Nacional- ha dispuesto, en el marco de la situaci贸n de emergencia derivada de la pandemia del Coronavirus y de las medidas de salud p煤blica dispuestas por las autoridades p煤blicas, y por el plazo de 60 d铆as, intensificar la protecci贸n contra el despido arbitrario, incrementar el nivel de tutela a los trabajadores contra el acto il铆cito del despido, elevando el umbral de protecci贸n desde la instancia del 聯acto il铆cito v谩lido que genera el deber de indemnizar聰 ala instancia de 聯acto inv谩lido聰. Ello surge claramente de lo dispuesto por el art. 4 del DNU329/2020 cuando establece que los despidos 聯聟que se dispongan en violaci贸n de lo dispuesto en el art. 2 (聟) del presente decreto, no producir谩n efecto alguno, manteni茅ndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales聰. De tal forma el acto unilateral patronal del despido sin justa causa, as铆 como el del despido por fuerza mayor o por falta o disminuci贸n de trabajo no imputable a la empresa no produce el efecto extintivo del v铆nculo laboral. La relaci贸n laboral
mantiene su vigencia, y contin煤an vigentes los derechos y deberes de las partes; entre ellos el deber de abonarla remuneraci贸n聰. El derecho invocado por la accionante en su asistencia encuentra veros铆mil fundamento espec铆ficamente en las proposiciones normativas emergentes de los arts. 2潞 y 4潞 del Decreto 329/2020 y del Decreto 487/2020, a partir de constatar de visu, las circunstancias que rodearon su despido, a saber: la comunicaci贸n de la rescisi贸n unilateral del contrato de trabajo en los t茅rminos del art. 247 del LCT por la causal all铆 prevista de falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor. Desde la doctrina, se ha sostenido que El art铆culo 2 del mentado decreto establece: 聭Proh铆bense los despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminuci贸n de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de sesenta (60) d铆as contados a partir de la fecha de publicaci贸n del presente decreto en el Bolet铆n Oficial麓. Tal publicaci贸n se efectu贸 el d铆a 31/3/2020, por lo que el distracto en an谩lisis se encuentra dentro de la franja temporal de vigencia de la prohibici贸n. A su vez, el art铆culo 4 establece que 聭los despidos 聟 que se dispongan en violaci贸n de lo dispuesto en el art铆culo 2 ... del presente decreto no producir谩n efecto alguno, manteni茅ndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales麓. Ahora bien, la cuesti贸n central a dilucidar es si el despido dispuesto por la empleadora debe considerarse 聭sin justa causa聮, teniendo en cuenta que, tal como denuncia el accionante, la patronal adujo motivos para finalizar la relaci贸n. Este es el nudo del planteo del trabajador, quien cuestiona, citando a Diego Tula, que 聭聟si no existiera en el tr谩mite judicial prueba alguna de que la causa de despido invocada tuviere alg煤n grado de verosimilitud, es evidente que corresponde considerar al despido en forma incausada lo que tornar铆a aplicable la ineficacia del acto prevista en el art铆culo 4 del DNU 329/2020 y su correspondiente declaraci贸n jurisdiccional de nulidad. De lo contrario, bastar铆a la invocaci贸n de cualquier causa imaginaria para eludir la prohibici贸n dispuesta por la norma en cuesti贸n聮 [聟] Prohibici贸n: la norma 聯eleva聰 al estatus jur铆dico de acto con objeto il铆cito al despido inmotivado (o injustificado, o sin causa, o arbitrario), al igual que a los despidos y suspensiones dispuestas con invocaci贸n de la fuerza mayor o falta o disminuci贸n de trabajo. [Tula, Diego J.: 聯Preguntas pr谩cticas (y sus respuestas) sobre los alcances de la prohibici贸n de despedir en forma incausada y por fuerza mayor y falta o disminuci贸n de trabajo impuesta por el DNU 329/2020聰, en Revista Derecho Laboral Actualidad - Suplemento Digital Dossier N潞 2, 聯El impacto del coronavirus en las relaciones laborales聰 - Ed. Rubinzal-Culzoni - Santa Fe - 2020 - Cita: RC D 1576/2020]. Siendo el despido del que result贸 objeto la actora, dispuesto luego de la declaraci贸n de emergencia sanitaria, al amparo de las normas que aseguran la eficacia extintiva de los despidos: art. 247 de la LCT, persigue un resultado an谩logo al prohibido por una norma imperativa (arts. 2 y 4 de los Decretos 329/2020 y 487/2020); debe quedar sometido a la norma que se quiso eludir; debiendo consecuentemente anularse los despidos y seguir pag谩ndose los salarios al menos hasta el fin de la emergencia sanitaria. Lo expuesto permite inferir, prima facie, que la hip贸tesis f谩ctica esgrimida por la accionante (聯haber sido objeto de un despido prohibido por el Decreto 329/20聰) resulta veros铆mil. Una vez m谩s, resulta imperioso poner de resalto que el juicio de verosimilitud se instala y concentra en la faz postulatoria, verificando si una
hip贸tesis resulta compatible con la experiencia media, con absoluta independencia de que est茅 probada en concreto, desplazando, entonces, la necesidad de actividad probatoria alguna, por cuanto el referido juicio se estructura a partir de comparar lo alegado con alg煤n criterio de 聯normalidad聰: La verosimilitud o la inverosimilitud de un enunciado son irrelevantes desde el punto de vista de la verdad o falsedad del mismo. Esto implica que en cualquier circunstancia en la que sea necesario determinar si un enunciado de hecho es verdadero o es falso, es necesario basarse en pruebas y no en un juicio de verosimilitud: s贸lo las pruebas pueden demostrar que lo que parece veros铆mil es tambi茅n verdadero, o bien que es falso, y que lo que parece inveros铆mil es tambi茅n falso, o bien que es verdadero (Taruffo, Michele, Simplemente la verdad. El juez y la construcci贸n de los hechos, Marcial Pons, Buenos Aires, 2010, p谩g. 106). Advi茅rtase que la persona (de per sonare, 聯lo que suena a trav茅s聰) es la m谩scara que permite ingresar a la esfera del comercio jur铆dico (adquirir derechos, contraer obligaciones, tener un patrimonio). Precisamente, lo que se escucha a trav茅s de la 聯m谩scara聰 es la demanda del sujeto hablante y, por lo tanto, deseante, traducida en los t茅rminos universales y abstractos que se帽ala Yan Thomas: Este derecho s贸lo puede ser una causa de acci贸n reconocida como v谩lida, dentro de un orden legal dado. Lejos de limitarse a las determinaciones subjetivas particulares, s贸lo opera porque es universal y abstracto, dentro de un orden legal dado. Obliga a cada uno a formular su pedido en t茅rminos impersonales. En ning煤n caso se confunde con el deseo del que pide (聟) El derecho se niega a entrar en las motivaciones puramente subjetivas. Se conforma con admitir t铆tulos generalizables y causas supuestamente comunes a todos, fuera de la subjetividad. Se afirman a la vez un deseo y un derecho, pero la organizaci贸n jur铆dica los desglosa (Thomas, Yan, Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano, Buenos Aires, Eudeba, 1999, p谩g. 87). El derecho se encuentra compelido a escuchar dicha demanda, traducida en los t茅rminos universales y abstractos precisados por el romanista franc茅s, m谩xime cuando la apariencia del derecho invocado se ve reforzada por el principio pro homine. Por las razones expuestas, juzgo configurado el requisito de verosimilitud del derecho invocado. II.b. EL PELIGRO EN LA DEMORA Y EL PELIGRO EN EL DA脩O" El recaudo de peligro en la demora se ha definido como: El peligro de que, mientras el 贸rgano jurisdiccional realiza su tarea, la situaci贸n de hecho se altere de modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tard铆o su mandato, expuesto al llegar cuando el da帽o sea irremediable (Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, C贸digos Procesales comentados y anotados, Librer铆a Editora Platense, Tomo III, 1971, p谩g. 60). Estimo que 茅ste recaudo, como as铆 tambi茅n, el peligro en el da帽o, se encuentran debidamente configurados. Concurre el peligro en la demora en atenci贸n a la prolongaci贸n del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto primigeniamente por el Decreto 297/2020 y el crecimiento diario de la pandemia de la enfermedad COVID-19, lo cual, torna imperioso un pronunciamiento cautelar toda vez que se encuentra en juego el derecho fundamental al trabajo y el necesario cumplimiento de los fines previstos por los Decretos 329/2020 y 487/2020. El recaudo del peligro en el da帽o se encuentra configurado, toda vez que la actora, por su condici贸n de mujer, integra un colectivo hist贸ricamente
relegado y sometido a pr谩cticas asim茅tricas en el acceso al mundo del trabajo que goza de tutela constitucional para garantizar su derecho al trabajo (art铆culo 11 apartado 1 inciso a) de la Convenci贸n sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la Mujer). Por lo expuesto, propongo hacer lugar a la medida innovativa solicitada por la Sra. DAIANA AYELEN MATEOS (arts. 232 CPCC y 63 Ley 11.653) y, en consecuencia, disponer el cese de los efectos del despido dispuesto por la demandada DREAMBOX SRL en fecha 05/06/2020, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, conservando la Sra. DAIANA AYELEN MATEOS id茅ntica situaci贸n de revista a la que se encontraba con anterioridad al referido acto o, para el caso de verificarse sus presupuestos, se disponga la prestaci贸n de servicios acorde a los t茅rminos de la Resoluci贸n 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n, bajo de apercibimiento de astreintes (conf. arts. 204 CPCC y 63 Ley 11.653; 804 C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n -Ley 26.994-). En atenci贸n a las particulares circunstancias que exhibe el presente caso, toda vez que tanto el objeto de la presente medida como su pretensi贸n, no resultan susceptibles de apreciaci贸n pecuniaria y que los derechos que invoca la accionante en su fundamento gozan de eminente tutela constitucional, corresponde relevar a la misma de la exigencia de otorgar contra cautela (conf. arts. 199 p谩rrafo segundo CPCC y 63 Ley 11.653). No corresponde imponer costas desde que no ha mediado sustanciaci贸n (arts. 19 y 63 Ley 11.653, 68 CPCC). AS脥 LO VOTO A la cuesti贸n planteada, los Sres. Jueces Gonzalo Barciela y Miguel 脕ngel M茅ndez, por compartir los fundamentos expuestos por el magistrado preopinante, votaron en igual sentido. Con lo que finaliz贸 el Acuerdo, dict谩ndose la siguiente S E N T E N C I A 1. HACER LUGAR a la medida innovativa solicitada por la Sra. DAIANA AYELEN MATEOS (arts. 232 CPCC y 63 Ley 11.653). 2. SUSPENDER los efectos del despido dispuesto por la demandada DREAMBOX SRL en fecha 05/06/2020, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, conservando la Sra. DAIANA AYELEN MATEOS id茅ntica situaci贸n de revista a la que se encontraba con anterioridad al referido acto, para el caso de verificarse sus presupuestos, se disponga la prestaci贸n de servicios acorde a los t茅rminos de la Resoluci贸n 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n, bajo de apercibimiento de astreintes (conf. arts. 204 CPCC y 63 Ley 11.653; 804 C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n -Ley 26.994-). 3. RELEVAR a la parte actora de otorgar contra cautela. 4. NO IMPONER COSTAS. 5. REG脥STRESE Y NOTIF脥QUESE CON CAR脕CTER URGENTE Y HABILITACI脫N DE D脥AS Y HORAS INH脕BILES